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5 cuestiones sobre la cuantía de la pensión de alimentos – Lares Abogados en Llíria y Manises

Preguntas Frecuentes Familia Y Custodia - Abogados Lares Llíria Y Manises
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Post Series: Pensión de alimentos

ABOGADOS FAMILIA | En derecho, los temas de familia y custodia suscitan muchas dudas. La complejidad de la materia viene por que cada caso conlleva unas situaciones, y a la hora de tomar decisiones, se busca la solución menos perjudicial para todos.

Desde Lares Abogados, te explicamos hoy 5 cuestiones sobre la cuantía de la pensión de alimentos.

1. La cantidad a pagar por la pensión de alimentos por el progenitor que no tiene la custodia, ¿se fija únicamente según sus ingresos?

No, cuando se establece el importe de la pensión de alimentos tras una separación o divorcio, (o el fin de la convivencia de padres no casados) es preciso tener en consideración varias cosas. En primer término, las necesidades de los hijos, así como los ingresos de los dos progenitores, tanto el que tiene la custodia y el que no, pues los dos quedan obligados a velar por los intereses de sus hijos menores y a aportarles alimento.

Es conveniente en el momento de la separación o divorcio, cuando se fija el importe de la pensión de alimentos, apreciar por una parte, las prestaciones “naturales” que el progenitor con quien se va a convivir, prestará a sus hijos, y aunque no se pueden valorar fácilmente en términos económicos, deben de tenerse en consideración.

Es también natural, que el progenitor no custodio, liberado de esas tareas, asuma una mayor obligación en cuanto a la aportación económica. Sólo así, se puede encontrar un balance entre las obligaciones de los padres con sus hijos.

Las referencias en la legislación

No obstante, si bien el Código Civil hace referencia a que el importe de la pensión alimentaria debe ser proporcional a los recursos del progenitor que la dará y a las necesidades de quienes la van a percibir, se señala de igual modo, que “cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos – la tienen los dos progenitores–, se repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional a su caudal respectivo”, y se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentistala persona que tiene asignada la pensión de alimentos –  y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos.

La ley valenciana 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, señala que  “en defecto de pacto de convivencia familiar, la autoridad judicial determinará, en función de los recursos económicos de que dispongan ambos progenitores, la cantidad que estos deberán satisfacer en concepto de gastos ordinarios de atención a los hijos e hijas menores”, y que “cada uno de ellos contribuirá a satisfacer estos gastos en atención a sus propios recursos y a las necesidades de los hijos e hijas menores”.

Conclusión

Por tanto, la obligación de prestar alimentos pesa sobre ambos padres, tanto en el que tenga atribuida la guarda y custodia, como en el que no. Ambos asumirán el deber de mantener a los hijos según se pacte en el convenio regulador de separación matrimonial, donde se debe considerar tanto las necesidades de los hijos como los medios de que disponen cada uno de los padres obligados a dar alimentos, y aunque el progenitor que tenga la custodia no se pague asimismo una pensión alimenticia destinada a los hijos que conviven con él, esto no supone que el hijo deba alimentarse únicamente con lo que recibe por pensión de alimentos.

 

 2. ¿Se deben considerar los ingresos brutos o netos de los padres cuando se fija la cuantía de la pensión de alimentos?

Es una cuestión común cuando un abogado especialista en familia y custodias prepara un convenio regulador y pregunta por los ingresos. Por lógica, deberemos de fijarnos siempre en los ingresos netos, dado que el salario bruto, que es la cuantía total que se paga a un trabajador antes de las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones de Hacienda, por lo que materialmente no serán percibidas y no formarán, en un primer término,  parte de la renta disponible de los progenitores.

 

3. ¿Qué pasa si uno de los progenitores no tiene ingresos fijos o cobra comisiones? ¿Es posible establecer porcentajes sobre lo que se gane como pensión de alimentos?

En un sentido estricto, sí, se puede fijar como pensión de alimentos un porcentaje de los ingresos que obtenga el progenitor sobre el que recae la obligación de pagar la pensión, y existen muchas resoluciones que lo establecen de esta manera, fijando un porcentaje sobre los ingresos netos del obligado al pago.

Esta forma de determinar el pago, se puede utilizar en situaciones en los que el progenitor no tiene ingresos, no goza de cierta estabilidad laboral o no se puede determinar exactamente su situación económica.

Sin embargo, esta forma de fijar el importe no está exenta de polémica, y existen corrientes a favor y en contra.

Los aspectos ventajosos

Se basan en que con este sistema se tiene en cuenta siempre la renta disponible y los recursos de los que goza el progenitor,  posibilitando que en los momentos puntuales en los que el progenitor no recibe suficientes ingresos con los que realizar el pago de la pensión de alimentos, se vea liberado de esa obligación. Por otra parte, en épocas de bonanza, puede contribuir con un mayor caudal a la alimentación de sus hijos.

Además, esto también puede evitar que se vea envuelto en procedimientos penales por impago de pensiones cuando en realidad, no disponía de los ingresos suficientes.

No obstante, es preciso recalcar que si bien este sistema está pensado para no ser injusto con el progenitor, el hecho de que no de reciba ingresos durante de un periodo, no puede eximirle de la responsabilidad de alimentar a sus hijos, pues lo transformaría en indigno para sus hijos, quienes por supuesto deben recibir todos los cuidados del mismo modo, así como también sería injusto, salvo pacto expreso, que recayera toda la responsabilidad en el otro progenitor. Es por tanto prioritario, considerar las necesidades reales de los hijos, por lo que esta fórmula nunca debe ser ajena a la realidad de los menores.

Los aspectos negativos

los contrarios a  este método prefieren fijar una cantidad determinada, siendo más sencillo su ejecución, pues siempre se conoce qué cantidad ha de aportarse y, por tanto, lo que van a percibir los hijos, lo que  permite una mejor planificación

Existe muchas resoluciones judiciales que rechazan este sistema, que señalan como otros inconvenientes la complejidad para ejecutar la medida cada período,  el riesgo de esconder ingresos, la incertidumbre de desconocer el importe de la pensión, por ser más controlable el pago cuando es un importe fijo y claro.

Por tanto, la ley consiente establecer las cuantías a pagar por pensión de alimentos, ya sea con un importe fijo, bien mediante un porcentaje sobre los ingresos netos del progenitor no custodio, e incluso con métodos mixtos, estableciendo una cuantía mínima a la que se suma un porcentaje variable, nuestro consejo es elegir el sistema más justo para todos, pero donde siempre prevalezca el interés de los hijos menores, ya que, este sistema no puede ser un instrumento para eludir responsabilidades y que genere retrasos e inseguridad, sobre todo en los supuestos de ingresos irregulares.

 

4. ¿Qué es el mínimo vital?

El mínimo vital es el importe mínimo que se considera imprescindible para que puedan vivir dignamente los hijos, garantizando, al menos, cubrir las necesidades básicas de alimentos, ropa, educación, ocio, etc., y que faciliten su correcto desarrollo físico, emocional e intelectual.

En la actualidad, este mínimo vital constituye una prestación de alimentos a favor de los menores, cuya cantidad puede variar entre los 150 y 200 euros mensuales, y que obliga al progenitor a su pago, a pesar de estar en probada situación de desempleo o de carencia de ingresos.

El Tribunal Supremo declara en relación a las situaciones donde se puede suspender su pago, que debe tratarse de “situaciones sólo con carácter muy excepcional (enfermedad o falta de capacidad o aptitud para trabajar) con criterio restrictivo y temporal, pues ante la mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen, se debe asegurar el pago, aún a costa del gran sacrificio del progenitor obligado.

 

5. ¿Hay documentos de referencia para fijar las cuantías las pensiones alimenticias?

 Cuando surge la necesidad de establecer la pensión de alimentos, bien sea por medidas paterno filiales, por separación o divorcio., se suele recurrir a las tablas que en el año 2013, elaboró el Consejo General del Poder Judicial, para establecer los valores que pueden corresponder en cuestión de las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia.

Estas tablas son únicamente un método de orientación, por lo que no son vinculantes y están supeditadas a la decisión final de jueces y magistrados, pero que sí suponen un instrumento de cálculo que facilita la posibilidad de acuerdos, basados en un organismo neutral, que tiene en cuenta datos estadísticos, que se lo actualiza según la realidad económica.

Sin embargo, estas tablas, no tienen en cuenta gastos de educación de los hijos, gastos de vivienda (pago del impuesto de bienes inmuebles, las hipotecas, las rentas por alquileres,) los gastos que originen las necesidades especiales de los hijos menores por enfermedad o minusvalía, así como tampoco gastos extraordinarios.

Por último, las tablas calculan la pensión cuando el progenitor tiene unos ingresos netos por de encima de los 700€, siendo necesario, en caso contrario, la consideración de eses circunstancias, como hemos visto anteriormente.

Accede a las tablas de cálculo de pensión de alimentos del Consejo General del Poder Judicial


No obstante, como recordábamos al principio, cada caso de familia tiene unas circunstancias y no puede compararse ni equipararse con otro. Además, cada Juzgado o Tribunal puede seguir una doctrina más o menos parecida, pero que puede hacer que la resolución final varíe, por lo que cada caso debe estudiarse de forma individual por un abogado especialista en familia y custodia.